miércoles, 14 de junio de 2017

REGULACIÓN PATRIMONIAL DE LAS UNIONES DE HECHO


1. La unión de hecho y la comunidad de bienes
La Constitución Política del Perú protege a la familia y promueve el matrimonio, sin perjuicio de reconocer a la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, dando lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de una sociedad de gananciales, en cuanto sea aplicable.
Si uno de los convivientes no respeta la comunidad de bienes, usufructuando en forma exclusiva los bienes comunes y se niega a reconocer los derechos de su pareja sobre los mismos, el conviviente perjudicado tendrá necesariamente que solicitar el reconocimiento judicial de la unión de hecho[1].
En el Derecho español como en otros ordenamientos legales, la unión de hecho no genera una comunidad de bienes. Para Pérez Ureña la unión de hecho no crea, por sí misma, una comunidad de bienes, ni puede presumirse que esta exista, sino que es absolutamente necesaria para su existencia que esté expresamente convenida y, si de esto no aparece prueba alguna, aun habiendo convivido tácitamente, los bienes adquiridos por cada uno son de propiedad exclusiva de cada cual (Pérez, Ob. cit., p. 75).

sábado, 27 de mayo de 2017

BIENES SOCIALES: ASPECTOS GENERALES

Aun con las modificaciones y precisiones introducidas por el Código Civil, y respecto al Código anterior, a la fecha no se supe­ra una serie de problemas interpretativos en torno a los bienes sociales, desde su determinación clara hasta otros aspectos, como su enajenación, división, embargo y con relación a las deudas frente a terceros, tal como se puede apreciar de la abundante, y a veces contradictoria, jurisprudencia emitida sobre la materia. A pesar de la enumeración taxativa de los artículos 302 y 310, y de otros dispositivos que regulan el régimen de dichos bienes en el Código Civil, la realidad desborda la previsión legal. A continua­ción algunos aspectos generales desarrollados por nuestra judi­catura
1. Noción
Casación       :           158-2000-San Martín
Fecha             :           30/10/2000
Los bienes gananciales o sociales son aquellos que adquieren los cónyuges a titulo común, lucrativo u one­roso, durante la vigencia del matrimonio, y tiene fin cuan­do este fenece.
Expediente    :           135-7-97
Fecha             :           30/04/1997
Los bienes adquiridos dentro de la vigencia del matrimo­nio se presumen sociales; por tanto, no es necesario pro­bar ni lograr un pronunciamiento judicial sobre ello por­que no existe conflicto merecedor de tutela. Si el título de propiedad de un bien inmueble fue extendido durante la vigencia del matrimonio, se presume que el bien es social.

jueves, 11 de mayo de 2017

LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS EN EL DERECHO DE FAMILIA ALEMÁN

El presente artículo pretende dar una visión general acerca de la obligación de alimentos en el derecho de Familia alemán, y su regulación en el Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán). Sintéticamente se exponen las obligaciones alimenticias entre los cónyuges durante el matrimonio y tras el divorcio, entre las parejas de hecho y entre los parientes en línea recta: de padres respecto a hijos, de hijos respecto a padres y de abuelos respecto a nietos.
I. LA DEFINICIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS.
El legislador alemán no nos proporciona una única definición de la obligación legal de la prestación alimentos. Así se podría decir que acreedor de alimentos será aquella persona que obtenga de una tercera los medios necesarios para afrontar su sustento vital, en tanto en cuanto dicho acreedor no pueda hacer frente a dicho sustento por sus propios medios[1].
El derecho a la prestación de alimentos rige de forma directa por mandato legal, por lo general, en los siguientes casos: 1º) Entre los cónyuges entre sí. 2º) Entre los cónyuges divorciados. 3º) Entre los parientes en línea directa. 4º. Entre los progenitores del niño nacido fuera del matrimonio. Entre las parejas de hecho que se hayan inscrito en el registro pertinente[2] [3].
Por otra parte, también es posible que los interesados acuerden por medio de un contrato el pago de alimentos. Dicha modalidad es relevante en aquellos casos donde no subsista una obligación legal de realizar dicha prestación, por ejemplo en el caso de la prestación de alimentos respecto a los hijos del cónyuge que no sean hijos comunes de la pareja, la cual no viene impuesta por obligación legal pero que pueden concertarse mediante un contrato para el cual no existirá ninguna exigencia de forma alguna[4].

miércoles, 3 de mayo de 2017

EL ACTA NOTARIAL PERFECTA DE COMUNICACIONES POR WHATSAPP

I. INTRODUCCIÓN.
Esta mañana comentaba con una amiga el viaje que este verano he realizado. Junto con mis hijos, aún pequeños, y mi esposa, he visitado Alemania. Desde Alicante, ciudad en que resido, he volado hasta Memmingen. Allí hemos alquilado un coche y hemos visitado distintas ciudades y puntos que nos han parecido de interés para los distintos miembros de la familia. La vuelta a Alicante la hemos realizado desde otro aeropuerto, Baden-Baden. Al final del periplo han sido unos mil doscientos kilómetros los que hemos recorrido. La distancia, para un europeo, no ha sido poca. El haber intercalado noches en distintos lugares de nuestra ruta ha hecho que el viaje haya sido placentero para todos y muy llevadero para los niños.
Mi amiga, algo más mayor y cuyos hijos ya han dejado la infancia, me ha comentado que el plan era similar al que ella, en su día, realizaba con su familia. Ha hecho hincapié en la realidad de que ahora las cosas van más planificadas. En su época, todo era menos previsible, se funcionaba con el boca a boca y nunca sabías ciertamente el tiempo que ibas a emplear en tal o cual cosa.
Cuando hablaba con ella, era consciente de la realidad de lo que trataba de transmitirme. Lo cierto es que no sólo la irrupción, en abstracto, de internet y lo que la red conlleva en nuestras vidas ha desencadenado el cambio en el modus operandi de las personas. Descendiendo al terreno de lo concreto, las nuevas tecnologías han posibilitado desde planificar cada escala del viaje al detalle, tomando en consideración lo que interesa en cada lugar; adaptando el recorrido a los gustos personales de una forma certera; hasta minimizar los riesgos e imprevistos que acaecen en el desarrollo del mismo.
Así, internet, el GPS, los teléfonos móviles... han supuesto un giro radical en el modo de, por ejemplo, desarrollar nuestras vacaciones y aficiones. Ya no se consultan guías de viaje, se toma tal o cual dato de éste o aquel website. Incluso, el negocio de las agencias de viaje ha cambiado, desde la propia virtualización de las mismas, surgiendo distintos operadores en la red, hasta la desaparición de muchas de ellas. Sólo el operador que ha sabido adaptarse a los tiempos y dar un valor añadido ha sido capaz de subsistir.
El cambio que suponen las nuevas tecnologías en el día a día de las personas ha operado también en las respuestas que el Derecho y los operadores jurídicos damos a los problemas que el uso de las mismas conllevan.
Las nuevas tecnologías, a mi ver, lo que han supuesto, antes que nada, es un incremento inimaginable de los medios de comunicación. Las personas entran en relación, unas con otras, de muy distintas maneras, todas, sin duda, enriquecedoras.

miércoles, 22 de marzo de 2017

LA LESIÓN: PARECERES EN TORNO A SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ

En el presente escrito, el autor efectúa un estudio de la lesión, partiendo de sus antecedentes históricos hasta su conceptualización por la doctrina, elementos configurativos y naturaleza jurídica. Acto seguido, el autor se detiene en el análisis de las normas del Código Civil peruano que han acogido el instituto, examinando sus presupuestos, ámbito contractual, casos de no procedencia, sanciones legales, titularidades y plazos.
Por último, esboza una propuesta en el sentido de reformular la orientación del legislador en torno a las acciones propias de la lesión, proponiendo optar por la acción de reajuste de valores prestacionales por sobre la acción rescisoria.
INTRODUCCIÓN
El contrato, entendido como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial, constituye un mecanismo idóneo para el intercambio de bienes y servicios sobre la base de la armonización de los más variados intereses particulares. Sin embargo, en no pocas ocasiones es posible advertir la producción de abusos de una parte contratante en desmedro de la otra que, situada en situación de inferioridad, tiende a aceptar cláusulas contractuales abusivas y/o lesivas a sus intereses; vulnerándose de esa manera, aquel principio por el cual se exige a todo contratante la observancia y despliegue de determinada conducta al momento de las tratativas precontractuales, celebración y posterior ejecución del contrato: no referimos al principio de buena fe.
Son diversos los supuestos en los cuales una de las partes del contrato puede encontrarse en seria desventaja frente a la otra. Imaginemos, por ejemplo, aquélla derivada de la desigualdad económica en donde dicho contratante no solamente deberá enfrentar el mayor poder negociador de su par, sino además aceptar sin mayor discusión —como resulta lógico suponer— cada una de las condiciones y términos contractuales impuestos por el detentador del poderío económico. Bástenos citar los contratos celebrados con instituciones del sistema financiero, compañías de seguros y centros comerciales de venta a crédito.
Pero no únicamente la desigualdad económica genera “desventaja” al momento de contratar. En efecto, puede suceder que por circunstancias diversas, una persona se encuentre en un estado de necesidad tal que lo fuerza a contratar en situación desfavorable a sus intereses; situación de la cual su cocontratante se aprovechará para obtener beneficios desmesurados, los cuales no se producirían si la contratación se hubiese producido en términos de igualdad.
Así, cuando una persona contrate sumida en un estado de necesidad apremiante de la cual se aprovecha y beneficia la otra parte contractual, generando con ello una desproporción en las prestaciones, estaremos frente al instituto de la lesión.

viernes, 17 de marzo de 2017

LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS Y LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Este artículo es uno de los productos del proyecto de investigación “Interpretación y aplicación del derecho privado” adelantado por el Grupo de Investigación en Derecho Privado de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Este texto pretende demostrar la utilidad de la doctrina de los actos propios como herramienta para la interpretación de los contratos. Con este fin, en primer lugar, se explica la noción de acto propio, una figura que no ha sido analizada en profundidad en Colombia. Se analiza el concepto de manera general para luego revisar su relación con el principio de la buena fe, desde la perspectiva de su función integradora e interpretativa del derecho. En segundo lugar, se analizan los requisitos de aplicación de la doctrina y finalmente sus límites, temas indispensables para el uso adecuado de la misma en el proceso interpretativo de los contratos.
INTRODUCCIÓN
Desde el derecho romano, encontramos la regla del venire contra factum proprium non valet, según la cual nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de otro. Esta regla refleja la importancia del comportamiento coherente en el tráfico jurídico y su origen se remonta al derecho romano[1], aunque algunos autores consideran que la regla como tal debe ser atribuida a AZZO en el derecho intermedio[2] dado que en el digesto su aplicación aparece solo en casos concretos.
La regla del venire contra factum proprium tiene en nuestra opinión múltiples manifestaciones[3], aunque se ha tradicionalmente equiparado en nuestro sistema jurídico a la doctrina de los actos propios. Esta doctrina, si bien no ha tenido un desarrollo tan amplio en Colombia como ha sucedido en otros países de Iberoamérica[4], en los últimos años se puede observar que nuestros jueces así como los tribunales de arbitramento utilizan cada vez más esta herramienta en sus decisiones, pues es indispensable que las partes de un contrato observen un comportamiento coherente en las diferentes fases del mismo ya que, en muchas ocasiones, la conducta de una persona puede determinar la de otra a través de sus actos.
Consideramos que el uso de los actos propios se presenta como una herramienta importante en la interpretación de los contratos, teniendo en cuenta que entendemos como interpretación, la operación que busca el significado jurídicamente relevante del acuerdo contractual[5]. En este sentido, la constatación de la voluntad traducida en el acuerdo, y no la voluntad de cada contratante, es lo que hace que la interpretación sea objetiva y refleje la expresión socialmente relevante del acuerdo de las partes. Como lo explica BETTI, el cometido de la interpretación es el de reconstruir el significado que debe atribuirse a la declaración o conducta manifestada, según las concepciones dominantes de la conciencia social, del lenguaje común, de la práctica de la vida, los usos, etc.[6]

miércoles, 15 de marzo de 2017

DAÑOS EN EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO DE ARGENTINA

En la República Argentina se ha sancionado un Nuevo Código Civil y Comercial Unificado que reemplazara al Códigos Civil, que rige desde el año 1869, y al Código de Comercio, que rige desde el año 1862. En este Nuevo Código Civil y Comercial Unificado varían tanto las reglas de la responsabilidad civil como las normas de las relaciones de Familia, entre ellas, se suprime el divorcio causado y la fidelidad deja de ser un deber jurídico para transformarse en un mero deber moral. Ante este nuevo contexto argentino, el propósito de nuestro trabajo es determinar si se aplican las normas de la responsabilidad civil a las relaciones familiares en general y especialmente a las derivadas del incumplimiento de los nuevos deberes matrimoniales.
I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
El objeto del presente trabajo consiste en determinar si se aplican las normas de la responsabilidad civil a las relaciones familiares en general y especialmente a las derivadas del incumplimiento de los deberes matrimoniales.
Las profundas modificaciones producidas en el ámbito del Derecho de Familia por el Código Civil y Comercial llevan a dudar sobre qué doctrina y jurisprudencia construida durante la vigencia del Código Civil son aplicables en el nuevo sistema jurídico familiar. Entre las dudas que se presentan al jurista está la de saber si las reglas de la reparación de los daños injustamente producidos en el seno de la familia se solucionan con las normas de la responsabilidad civil del derecho privado o si por el contrario las reglas del derecho de familia son autosuficientes para reparar los perjuicios causados en el ámbito familiar.
Sabido es que tras más de 25 años desde que se dictara el primer fallo que hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios en materia de derecho de familia, producido por la falta de reconocimiento de un hijo, la jurisprudencia ha aceptado la responsabilidad por daños ocasionadas en el ámbito familiar por sus propios integrantes en todos los ámbitos; sobre todo en el divorcio, la falta de reconocimiento de hijos, la violencia doméstica y el impedimento de contacto con los hijos menores por parte del progenitor que tiene la custodia; mientras que la doctrina ha elaborado los requisitos que hacen procedentes las reparaciones por daños producidos en el seno de la familia por sus propios integrantes[1].
La cuestión radica en determinar si esos antecedentes son válidos en la actualidad o si por el contrario tenemos que afirmar que en la familia no se aplica el sistema de la responsabilidad civil sino las respuestas del derecho de familia, y en consecuencia que se puede dañar sin reparar, o se puede lastimar faltando a los deberes morales impuestos por el matrimonio sin que sea necesario indemnizar a quien ha sufrido el daño causado con dolo o culpa, en aras de privilegiar la libertad personal sobre la responsabilidad por daños señalando simplemente que son deberes morales[2].

ACC

miércoles, 14 de junio de 2017

REGULACIÓN PATRIMONIAL DE LAS UNIONES DE HECHO


1. La unión de hecho y la comunidad de bienes
La Constitución Política del Perú protege a la familia y promueve el matrimonio, sin perjuicio de reconocer a la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, dando lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de una sociedad de gananciales, en cuanto sea aplicable.
Si uno de los convivientes no respeta la comunidad de bienes, usufructuando en forma exclusiva los bienes comunes y se niega a reconocer los derechos de su pareja sobre los mismos, el conviviente perjudicado tendrá necesariamente que solicitar el reconocimiento judicial de la unión de hecho[1].
En el Derecho español como en otros ordenamientos legales, la unión de hecho no genera una comunidad de bienes. Para Pérez Ureña la unión de hecho no crea, por sí misma, una comunidad de bienes, ni puede presumirse que esta exista, sino que es absolutamente necesaria para su existencia que esté expresamente convenida y, si de esto no aparece prueba alguna, aun habiendo convivido tácitamente, los bienes adquiridos por cada uno son de propiedad exclusiva de cada cual (Pérez, Ob. cit., p. 75).

sábado, 27 de mayo de 2017

BIENES SOCIALES: ASPECTOS GENERALES

Aun con las modificaciones y precisiones introducidas por el Código Civil, y respecto al Código anterior, a la fecha no se supe­ra una serie de problemas interpretativos en torno a los bienes sociales, desde su determinación clara hasta otros aspectos, como su enajenación, división, embargo y con relación a las deudas frente a terceros, tal como se puede apreciar de la abundante, y a veces contradictoria, jurisprudencia emitida sobre la materia. A pesar de la enumeración taxativa de los artículos 302 y 310, y de otros dispositivos que regulan el régimen de dichos bienes en el Código Civil, la realidad desborda la previsión legal. A continua­ción algunos aspectos generales desarrollados por nuestra judi­catura
1. Noción
Casación       :           158-2000-San Martín
Fecha             :           30/10/2000
Los bienes gananciales o sociales son aquellos que adquieren los cónyuges a titulo común, lucrativo u one­roso, durante la vigencia del matrimonio, y tiene fin cuan­do este fenece.
Expediente    :           135-7-97
Fecha             :           30/04/1997
Los bienes adquiridos dentro de la vigencia del matrimo­nio se presumen sociales; por tanto, no es necesario pro­bar ni lograr un pronunciamiento judicial sobre ello por­que no existe conflicto merecedor de tutela. Si el título de propiedad de un bien inmueble fue extendido durante la vigencia del matrimonio, se presume que el bien es social.

jueves, 11 de mayo de 2017

LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS EN EL DERECHO DE FAMILIA ALEMÁN

El presente artículo pretende dar una visión general acerca de la obligación de alimentos en el derecho de Familia alemán, y su regulación en el Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán). Sintéticamente se exponen las obligaciones alimenticias entre los cónyuges durante el matrimonio y tras el divorcio, entre las parejas de hecho y entre los parientes en línea recta: de padres respecto a hijos, de hijos respecto a padres y de abuelos respecto a nietos.
I. LA DEFINICIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS.
El legislador alemán no nos proporciona una única definición de la obligación legal de la prestación alimentos. Así se podría decir que acreedor de alimentos será aquella persona que obtenga de una tercera los medios necesarios para afrontar su sustento vital, en tanto en cuanto dicho acreedor no pueda hacer frente a dicho sustento por sus propios medios[1].
El derecho a la prestación de alimentos rige de forma directa por mandato legal, por lo general, en los siguientes casos: 1º) Entre los cónyuges entre sí. 2º) Entre los cónyuges divorciados. 3º) Entre los parientes en línea directa. 4º. Entre los progenitores del niño nacido fuera del matrimonio. Entre las parejas de hecho que se hayan inscrito en el registro pertinente[2] [3].
Por otra parte, también es posible que los interesados acuerden por medio de un contrato el pago de alimentos. Dicha modalidad es relevante en aquellos casos donde no subsista una obligación legal de realizar dicha prestación, por ejemplo en el caso de la prestación de alimentos respecto a los hijos del cónyuge que no sean hijos comunes de la pareja, la cual no viene impuesta por obligación legal pero que pueden concertarse mediante un contrato para el cual no existirá ninguna exigencia de forma alguna[4].

miércoles, 3 de mayo de 2017

EL ACTA NOTARIAL PERFECTA DE COMUNICACIONES POR WHATSAPP

I. INTRODUCCIÓN.
Esta mañana comentaba con una amiga el viaje que este verano he realizado. Junto con mis hijos, aún pequeños, y mi esposa, he visitado Alemania. Desde Alicante, ciudad en que resido, he volado hasta Memmingen. Allí hemos alquilado un coche y hemos visitado distintas ciudades y puntos que nos han parecido de interés para los distintos miembros de la familia. La vuelta a Alicante la hemos realizado desde otro aeropuerto, Baden-Baden. Al final del periplo han sido unos mil doscientos kilómetros los que hemos recorrido. La distancia, para un europeo, no ha sido poca. El haber intercalado noches en distintos lugares de nuestra ruta ha hecho que el viaje haya sido placentero para todos y muy llevadero para los niños.
Mi amiga, algo más mayor y cuyos hijos ya han dejado la infancia, me ha comentado que el plan era similar al que ella, en su día, realizaba con su familia. Ha hecho hincapié en la realidad de que ahora las cosas van más planificadas. En su época, todo era menos previsible, se funcionaba con el boca a boca y nunca sabías ciertamente el tiempo que ibas a emplear en tal o cual cosa.
Cuando hablaba con ella, era consciente de la realidad de lo que trataba de transmitirme. Lo cierto es que no sólo la irrupción, en abstracto, de internet y lo que la red conlleva en nuestras vidas ha desencadenado el cambio en el modus operandi de las personas. Descendiendo al terreno de lo concreto, las nuevas tecnologías han posibilitado desde planificar cada escala del viaje al detalle, tomando en consideración lo que interesa en cada lugar; adaptando el recorrido a los gustos personales de una forma certera; hasta minimizar los riesgos e imprevistos que acaecen en el desarrollo del mismo.
Así, internet, el GPS, los teléfonos móviles... han supuesto un giro radical en el modo de, por ejemplo, desarrollar nuestras vacaciones y aficiones. Ya no se consultan guías de viaje, se toma tal o cual dato de éste o aquel website. Incluso, el negocio de las agencias de viaje ha cambiado, desde la propia virtualización de las mismas, surgiendo distintos operadores en la red, hasta la desaparición de muchas de ellas. Sólo el operador que ha sabido adaptarse a los tiempos y dar un valor añadido ha sido capaz de subsistir.
El cambio que suponen las nuevas tecnologías en el día a día de las personas ha operado también en las respuestas que el Derecho y los operadores jurídicos damos a los problemas que el uso de las mismas conllevan.
Las nuevas tecnologías, a mi ver, lo que han supuesto, antes que nada, es un incremento inimaginable de los medios de comunicación. Las personas entran en relación, unas con otras, de muy distintas maneras, todas, sin duda, enriquecedoras.

miércoles, 22 de marzo de 2017

LA LESIÓN: PARECERES EN TORNO A SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ

En el presente escrito, el autor efectúa un estudio de la lesión, partiendo de sus antecedentes históricos hasta su conceptualización por la doctrina, elementos configurativos y naturaleza jurídica. Acto seguido, el autor se detiene en el análisis de las normas del Código Civil peruano que han acogido el instituto, examinando sus presupuestos, ámbito contractual, casos de no procedencia, sanciones legales, titularidades y plazos.
Por último, esboza una propuesta en el sentido de reformular la orientación del legislador en torno a las acciones propias de la lesión, proponiendo optar por la acción de reajuste de valores prestacionales por sobre la acción rescisoria.
INTRODUCCIÓN
El contrato, entendido como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial, constituye un mecanismo idóneo para el intercambio de bienes y servicios sobre la base de la armonización de los más variados intereses particulares. Sin embargo, en no pocas ocasiones es posible advertir la producción de abusos de una parte contratante en desmedro de la otra que, situada en situación de inferioridad, tiende a aceptar cláusulas contractuales abusivas y/o lesivas a sus intereses; vulnerándose de esa manera, aquel principio por el cual se exige a todo contratante la observancia y despliegue de determinada conducta al momento de las tratativas precontractuales, celebración y posterior ejecución del contrato: no referimos al principio de buena fe.
Son diversos los supuestos en los cuales una de las partes del contrato puede encontrarse en seria desventaja frente a la otra. Imaginemos, por ejemplo, aquélla derivada de la desigualdad económica en donde dicho contratante no solamente deberá enfrentar el mayor poder negociador de su par, sino además aceptar sin mayor discusión —como resulta lógico suponer— cada una de las condiciones y términos contractuales impuestos por el detentador del poderío económico. Bástenos citar los contratos celebrados con instituciones del sistema financiero, compañías de seguros y centros comerciales de venta a crédito.
Pero no únicamente la desigualdad económica genera “desventaja” al momento de contratar. En efecto, puede suceder que por circunstancias diversas, una persona se encuentre en un estado de necesidad tal que lo fuerza a contratar en situación desfavorable a sus intereses; situación de la cual su cocontratante se aprovechará para obtener beneficios desmesurados, los cuales no se producirían si la contratación se hubiese producido en términos de igualdad.
Así, cuando una persona contrate sumida en un estado de necesidad apremiante de la cual se aprovecha y beneficia la otra parte contractual, generando con ello una desproporción en las prestaciones, estaremos frente al instituto de la lesión.

viernes, 17 de marzo de 2017

LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS Y LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Este artículo es uno de los productos del proyecto de investigación “Interpretación y aplicación del derecho privado” adelantado por el Grupo de Investigación en Derecho Privado de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Este texto pretende demostrar la utilidad de la doctrina de los actos propios como herramienta para la interpretación de los contratos. Con este fin, en primer lugar, se explica la noción de acto propio, una figura que no ha sido analizada en profundidad en Colombia. Se analiza el concepto de manera general para luego revisar su relación con el principio de la buena fe, desde la perspectiva de su función integradora e interpretativa del derecho. En segundo lugar, se analizan los requisitos de aplicación de la doctrina y finalmente sus límites, temas indispensables para el uso adecuado de la misma en el proceso interpretativo de los contratos.
INTRODUCCIÓN
Desde el derecho romano, encontramos la regla del venire contra factum proprium non valet, según la cual nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de otro. Esta regla refleja la importancia del comportamiento coherente en el tráfico jurídico y su origen se remonta al derecho romano[1], aunque algunos autores consideran que la regla como tal debe ser atribuida a AZZO en el derecho intermedio[2] dado que en el digesto su aplicación aparece solo en casos concretos.
La regla del venire contra factum proprium tiene en nuestra opinión múltiples manifestaciones[3], aunque se ha tradicionalmente equiparado en nuestro sistema jurídico a la doctrina de los actos propios. Esta doctrina, si bien no ha tenido un desarrollo tan amplio en Colombia como ha sucedido en otros países de Iberoamérica[4], en los últimos años se puede observar que nuestros jueces así como los tribunales de arbitramento utilizan cada vez más esta herramienta en sus decisiones, pues es indispensable que las partes de un contrato observen un comportamiento coherente en las diferentes fases del mismo ya que, en muchas ocasiones, la conducta de una persona puede determinar la de otra a través de sus actos.
Consideramos que el uso de los actos propios se presenta como una herramienta importante en la interpretación de los contratos, teniendo en cuenta que entendemos como interpretación, la operación que busca el significado jurídicamente relevante del acuerdo contractual[5]. En este sentido, la constatación de la voluntad traducida en el acuerdo, y no la voluntad de cada contratante, es lo que hace que la interpretación sea objetiva y refleje la expresión socialmente relevante del acuerdo de las partes. Como lo explica BETTI, el cometido de la interpretación es el de reconstruir el significado que debe atribuirse a la declaración o conducta manifestada, según las concepciones dominantes de la conciencia social, del lenguaje común, de la práctica de la vida, los usos, etc.[6]

miércoles, 15 de marzo de 2017

DAÑOS EN EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO DE ARGENTINA

En la República Argentina se ha sancionado un Nuevo Código Civil y Comercial Unificado que reemplazara al Códigos Civil, que rige desde el año 1869, y al Código de Comercio, que rige desde el año 1862. En este Nuevo Código Civil y Comercial Unificado varían tanto las reglas de la responsabilidad civil como las normas de las relaciones de Familia, entre ellas, se suprime el divorcio causado y la fidelidad deja de ser un deber jurídico para transformarse en un mero deber moral. Ante este nuevo contexto argentino, el propósito de nuestro trabajo es determinar si se aplican las normas de la responsabilidad civil a las relaciones familiares en general y especialmente a las derivadas del incumplimiento de los nuevos deberes matrimoniales.
I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
El objeto del presente trabajo consiste en determinar si se aplican las normas de la responsabilidad civil a las relaciones familiares en general y especialmente a las derivadas del incumplimiento de los deberes matrimoniales.
Las profundas modificaciones producidas en el ámbito del Derecho de Familia por el Código Civil y Comercial llevan a dudar sobre qué doctrina y jurisprudencia construida durante la vigencia del Código Civil son aplicables en el nuevo sistema jurídico familiar. Entre las dudas que se presentan al jurista está la de saber si las reglas de la reparación de los daños injustamente producidos en el seno de la familia se solucionan con las normas de la responsabilidad civil del derecho privado o si por el contrario las reglas del derecho de familia son autosuficientes para reparar los perjuicios causados en el ámbito familiar.
Sabido es que tras más de 25 años desde que se dictara el primer fallo que hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios en materia de derecho de familia, producido por la falta de reconocimiento de un hijo, la jurisprudencia ha aceptado la responsabilidad por daños ocasionadas en el ámbito familiar por sus propios integrantes en todos los ámbitos; sobre todo en el divorcio, la falta de reconocimiento de hijos, la violencia doméstica y el impedimento de contacto con los hijos menores por parte del progenitor que tiene la custodia; mientras que la doctrina ha elaborado los requisitos que hacen procedentes las reparaciones por daños producidos en el seno de la familia por sus propios integrantes[1].
La cuestión radica en determinar si esos antecedentes son válidos en la actualidad o si por el contrario tenemos que afirmar que en la familia no se aplica el sistema de la responsabilidad civil sino las respuestas del derecho de familia, y en consecuencia que se puede dañar sin reparar, o se puede lastimar faltando a los deberes morales impuestos por el matrimonio sin que sea necesario indemnizar a quien ha sufrido el daño causado con dolo o culpa, en aras de privilegiar la libertad personal sobre la responsabilidad por daños señalando simplemente que son deberes morales[2].