miércoles, 22 de marzo de 2017

LA LESIÓN: PARECERES EN TORNO A SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ

En el presente escrito, el autor efectúa un estudio de la lesión, partiendo de sus antecedentes históricos hasta su conceptualización por la doctrina, elementos configurativos y naturaleza jurídica. Acto seguido, el autor se detiene en el análisis de las normas del Código Civil peruano que han acogido el instituto, examinando sus presupuestos, ámbito contractual, casos de no procedencia, sanciones legales, titularidades y plazos.
Por último, esboza una propuesta en el sentido de reformular la orientación del legislador en torno a las acciones propias de la lesión, proponiendo optar por la acción de reajuste de valores prestacionales por sobre la acción rescisoria.
INTRODUCCIÓN
El contrato, entendido como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial, constituye un mecanismo idóneo para el intercambio de bienes y servicios sobre la base de la armonización de los más variados intereses particulares. Sin embargo, en no pocas ocasiones es posible advertir la producción de abusos de una parte contratante en desmedro de la otra que, situada en situación de inferioridad, tiende a aceptar cláusulas contractuales abusivas y/o lesivas a sus intereses; vulnerándose de esa manera, aquel principio por el cual se exige a todo contratante la observancia y despliegue de determinada conducta al momento de las tratativas precontractuales, celebración y posterior ejecución del contrato: no referimos al principio de buena fe.
Son diversos los supuestos en los cuales una de las partes del contrato puede encontrarse en seria desventaja frente a la otra. Imaginemos, por ejemplo, aquélla derivada de la desigualdad económica en donde dicho contratante no solamente deberá enfrentar el mayor poder negociador de su par, sino además aceptar sin mayor discusión —como resulta lógico suponer— cada una de las condiciones y términos contractuales impuestos por el detentador del poderío económico. Bástenos citar los contratos celebrados con instituciones del sistema financiero, compañías de seguros y centros comerciales de venta a crédito.
Pero no únicamente la desigualdad económica genera “desventaja” al momento de contratar. En efecto, puede suceder que por circunstancias diversas, una persona se encuentre en un estado de necesidad tal que lo fuerza a contratar en situación desfavorable a sus intereses; situación de la cual su cocontratante se aprovechará para obtener beneficios desmesurados, los cuales no se producirían si la contratación se hubiese producido en términos de igualdad.
Así, cuando una persona contrate sumida en un estado de necesidad apremiante de la cual se aprovecha y beneficia la otra parte contractual, generando con ello una desproporción en las prestaciones, estaremos frente al instituto de la lesión.

viernes, 17 de marzo de 2017

LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS Y LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Este artículo es uno de los productos del proyecto de investigación “Interpretación y aplicación del derecho privado” adelantado por el Grupo de Investigación en Derecho Privado de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Este texto pretende demostrar la utilidad de la doctrina de los actos propios como herramienta para la interpretación de los contratos. Con este fin, en primer lugar, se explica la noción de acto propio, una figura que no ha sido analizada en profundidad en Colombia. Se analiza el concepto de manera general para luego revisar su relación con el principio de la buena fe, desde la perspectiva de su función integradora e interpretativa del derecho. En segundo lugar, se analizan los requisitos de aplicación de la doctrina y finalmente sus límites, temas indispensables para el uso adecuado de la misma en el proceso interpretativo de los contratos.
INTRODUCCIÓN
Desde el derecho romano, encontramos la regla del venire contra factum proprium non valet, según la cual nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de otro. Esta regla refleja la importancia del comportamiento coherente en el tráfico jurídico y su origen se remonta al derecho romano[1], aunque algunos autores consideran que la regla como tal debe ser atribuida a AZZO en el derecho intermedio[2] dado que en el digesto su aplicación aparece solo en casos concretos.
La regla del venire contra factum proprium tiene en nuestra opinión múltiples manifestaciones[3], aunque se ha tradicionalmente equiparado en nuestro sistema jurídico a la doctrina de los actos propios. Esta doctrina, si bien no ha tenido un desarrollo tan amplio en Colombia como ha sucedido en otros países de Iberoamérica[4], en los últimos años se puede observar que nuestros jueces así como los tribunales de arbitramento utilizan cada vez más esta herramienta en sus decisiones, pues es indispensable que las partes de un contrato observen un comportamiento coherente en las diferentes fases del mismo ya que, en muchas ocasiones, la conducta de una persona puede determinar la de otra a través de sus actos.
Consideramos que el uso de los actos propios se presenta como una herramienta importante en la interpretación de los contratos, teniendo en cuenta que entendemos como interpretación, la operación que busca el significado jurídicamente relevante del acuerdo contractual[5]. En este sentido, la constatación de la voluntad traducida en el acuerdo, y no la voluntad de cada contratante, es lo que hace que la interpretación sea objetiva y refleje la expresión socialmente relevante del acuerdo de las partes. Como lo explica BETTI, el cometido de la interpretación es el de reconstruir el significado que debe atribuirse a la declaración o conducta manifestada, según las concepciones dominantes de la conciencia social, del lenguaje común, de la práctica de la vida, los usos, etc.[6]

miércoles, 15 de marzo de 2017

DAÑOS EN EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO DE ARGENTINA

En la República Argentina se ha sancionado un Nuevo Código Civil y Comercial Unificado que reemplazara al Códigos Civil, que rige desde el año 1869, y al Código de Comercio, que rige desde el año 1862. En este Nuevo Código Civil y Comercial Unificado varían tanto las reglas de la responsabilidad civil como las normas de las relaciones de Familia, entre ellas, se suprime el divorcio causado y la fidelidad deja de ser un deber jurídico para transformarse en un mero deber moral. Ante este nuevo contexto argentino, el propósito de nuestro trabajo es determinar si se aplican las normas de la responsabilidad civil a las relaciones familiares en general y especialmente a las derivadas del incumplimiento de los nuevos deberes matrimoniales.
I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
El objeto del presente trabajo consiste en determinar si se aplican las normas de la responsabilidad civil a las relaciones familiares en general y especialmente a las derivadas del incumplimiento de los deberes matrimoniales.
Las profundas modificaciones producidas en el ámbito del Derecho de Familia por el Código Civil y Comercial llevan a dudar sobre qué doctrina y jurisprudencia construida durante la vigencia del Código Civil son aplicables en el nuevo sistema jurídico familiar. Entre las dudas que se presentan al jurista está la de saber si las reglas de la reparación de los daños injustamente producidos en el seno de la familia se solucionan con las normas de la responsabilidad civil del derecho privado o si por el contrario las reglas del derecho de familia son autosuficientes para reparar los perjuicios causados en el ámbito familiar.
Sabido es que tras más de 25 años desde que se dictara el primer fallo que hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios en materia de derecho de familia, producido por la falta de reconocimiento de un hijo, la jurisprudencia ha aceptado la responsabilidad por daños ocasionadas en el ámbito familiar por sus propios integrantes en todos los ámbitos; sobre todo en el divorcio, la falta de reconocimiento de hijos, la violencia doméstica y el impedimento de contacto con los hijos menores por parte del progenitor que tiene la custodia; mientras que la doctrina ha elaborado los requisitos que hacen procedentes las reparaciones por daños producidos en el seno de la familia por sus propios integrantes[1].
La cuestión radica en determinar si esos antecedentes son válidos en la actualidad o si por el contrario tenemos que afirmar que en la familia no se aplica el sistema de la responsabilidad civil sino las respuestas del derecho de familia, y en consecuencia que se puede dañar sin reparar, o se puede lastimar faltando a los deberes morales impuestos por el matrimonio sin que sea necesario indemnizar a quien ha sufrido el daño causado con dolo o culpa, en aras de privilegiar la libertad personal sobre la responsabilidad por daños señalando simplemente que son deberes morales[2].

martes, 7 de marzo de 2017

REFLEXIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD A LOS TREINTA AÑOS DE VIGENCIA DEL CÓDIGO CIVIL

Dentro de nuestro Código Civil, existe un corto Libro en el que se tratan dos instituciones fundamentales para el Derecho: La prescripción y la caducidad. De ellas mucho se ha escrito y discutido, desde su naturaleza jurídica hasta
la forma en que están redactadas normativamente, ya que su alcance va más allá del Código Civil.
En el presente artículo, la autora presenta algunas reflexiones críticas sobre temas puntuales tanto de la prescripción como de la caducidad, buscando esclarecer la aplicación y entendimiento de ambas instituciones. 
I. LA “AUTÓNOMA” COLOCACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1984
La prescripción y la caducidad son figuras jurídicas fascinantes. Y lo son sustancialmente porque están sumergidas en un mar de incertidumbres. No por nada se ha dicho respecto de la prescripción –pero ello vale también para la caducidad– que “[p]arece casi una ironía del destino el hecho de que un instituto destinado, según la opinión dominante, a garantizar la certeza del derecho sea él mismo fuente de profundas incertidumbres: Cada aspecto significativo suyo –inherente tanto a la naturaleza, a su estructura como a su función– es controvertido, desde la calificación hasta el fundamento, desde el objeto hasta el contenido, desde los efectos hasta la operatividad de los mismos”[1].
Buena muestra de las incertidumbres en las que están sumergidos nuestros institutos está en nuestro Código Civil: No sabiéndose dónde colocarlos, se le dedicó un  pequeño– libro autónomo, el Libro VIII, superando, de esta manera y al estilo de Alejandro Magno, el nudo gordiano de su ubicación sistemática en la –en su momento– nueva codificación civil[2].
Ahora bien, lo primero que emerge de la regulación del Libro VIII del Código Civil es que tanto la prescripción como la caducidad están concebidas como fenómenos extintivos: La primera de “la acción, pero no del derecho mismo” –artículo 1989–[3]; mientras que la segunda del “derecho y la acción correspondiente” –artículo 2003. Efecto extintivo en ambos casos, pues. Un efecto que parecería provocado por la “inacción” de quien debió “actuar” en un determinado tiempo y que, sin embargo, no lo hizo.

lunes, 6 de marzo de 2017

LA EXTENSIÓN DE LA HIPOTECA

La extensión de la hipoteca está regulada por los artículos 1101 y 1107 del Código Civil (C.C.). El ar­tículo 1101 se refiere a la extensión en cuanto al bien y el artículo 1107 a la extensión en cuanto al crédito.
Extensión de la hipoteca en cuanto al bien
De acuerdo con el artículo 1101 del C.C.,"la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios, y al importe de las indemnizaciones de los seguros y de la ex­propiación, salvo pacto distinto".
En otras legislaciones, la cobertura de la hipoteca es más amplia. El artículo 3110 del C.C. argentino, por ejemplo, señala que "la hipoteca de un inmue­ble se extiende a todos los accesorios, mientras es­tén unidos al principal; a todas las mejoras sobre- vinientes al inmueble, sean mejoras naturales, ac­cidentales o artificiales, aunque sean el hecho de un tercero; a las construcciones hechas sobre un terre­no vacío; a las ventajas que resulten de la extinción de las cargas o servidumbres que debía el inmue­ble; a los alquileres o rentas debidas por los arren­datarios; y al importe de la indemnización conce­dida o debida por los aseguradores del inmueble. Pero las adquisiciones hechas por el propietario de inmuebles contiguos para reunirlos al inmueble hi­potecado, no están sujetas a la hipoteca".
En la líneas siguientes nos referiremos al Códi­go Civil Peruano y luego analizaremos los supues­tos de extensión no regulados por el Código Peruano.
1. Las partes integrantes
Las partes integrantes son bienes que se han integrado de tal forma a otro bien, que su separa­ción ocasionaría la destrucción, deterioro o altera­ción del bien principal, del bien integrado, o de los
dos bienes. La importancia de las partes integran­tes radica en que siguen la condición jurídica del bien al que se integran. Así, serán inmuebles, si lo es el bien principal.
La hipoteca se extiende a las partes integrantes del bien hipotecado. Si lo que se hipoteca es una casa, por ejemplo, la garantía se extiende a todos los bienes con los que fue construida: arena, cemen­to, ladrillos, piedras, etc. Lo anterior se justifica por­que las partes integrantes forman parte del bien al cual se integraron. Son parte del bien hipotecado.

ACC

miércoles, 22 de marzo de 2017

LA LESIÓN: PARECERES EN TORNO A SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ

En el presente escrito, el autor efectúa un estudio de la lesión, partiendo de sus antecedentes históricos hasta su conceptualización por la doctrina, elementos configurativos y naturaleza jurídica. Acto seguido, el autor se detiene en el análisis de las normas del Código Civil peruano que han acogido el instituto, examinando sus presupuestos, ámbito contractual, casos de no procedencia, sanciones legales, titularidades y plazos.
Por último, esboza una propuesta en el sentido de reformular la orientación del legislador en torno a las acciones propias de la lesión, proponiendo optar por la acción de reajuste de valores prestacionales por sobre la acción rescisoria.
INTRODUCCIÓN
El contrato, entendido como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial, constituye un mecanismo idóneo para el intercambio de bienes y servicios sobre la base de la armonización de los más variados intereses particulares. Sin embargo, en no pocas ocasiones es posible advertir la producción de abusos de una parte contratante en desmedro de la otra que, situada en situación de inferioridad, tiende a aceptar cláusulas contractuales abusivas y/o lesivas a sus intereses; vulnerándose de esa manera, aquel principio por el cual se exige a todo contratante la observancia y despliegue de determinada conducta al momento de las tratativas precontractuales, celebración y posterior ejecución del contrato: no referimos al principio de buena fe.
Son diversos los supuestos en los cuales una de las partes del contrato puede encontrarse en seria desventaja frente a la otra. Imaginemos, por ejemplo, aquélla derivada de la desigualdad económica en donde dicho contratante no solamente deberá enfrentar el mayor poder negociador de su par, sino además aceptar sin mayor discusión —como resulta lógico suponer— cada una de las condiciones y términos contractuales impuestos por el detentador del poderío económico. Bástenos citar los contratos celebrados con instituciones del sistema financiero, compañías de seguros y centros comerciales de venta a crédito.
Pero no únicamente la desigualdad económica genera “desventaja” al momento de contratar. En efecto, puede suceder que por circunstancias diversas, una persona se encuentre en un estado de necesidad tal que lo fuerza a contratar en situación desfavorable a sus intereses; situación de la cual su cocontratante se aprovechará para obtener beneficios desmesurados, los cuales no se producirían si la contratación se hubiese producido en términos de igualdad.
Así, cuando una persona contrate sumida en un estado de necesidad apremiante de la cual se aprovecha y beneficia la otra parte contractual, generando con ello una desproporción en las prestaciones, estaremos frente al instituto de la lesión.

viernes, 17 de marzo de 2017

LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS Y LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Este artículo es uno de los productos del proyecto de investigación “Interpretación y aplicación del derecho privado” adelantado por el Grupo de Investigación en Derecho Privado de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Este texto pretende demostrar la utilidad de la doctrina de los actos propios como herramienta para la interpretación de los contratos. Con este fin, en primer lugar, se explica la noción de acto propio, una figura que no ha sido analizada en profundidad en Colombia. Se analiza el concepto de manera general para luego revisar su relación con el principio de la buena fe, desde la perspectiva de su función integradora e interpretativa del derecho. En segundo lugar, se analizan los requisitos de aplicación de la doctrina y finalmente sus límites, temas indispensables para el uso adecuado de la misma en el proceso interpretativo de los contratos.
INTRODUCCIÓN
Desde el derecho romano, encontramos la regla del venire contra factum proprium non valet, según la cual nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de otro. Esta regla refleja la importancia del comportamiento coherente en el tráfico jurídico y su origen se remonta al derecho romano[1], aunque algunos autores consideran que la regla como tal debe ser atribuida a AZZO en el derecho intermedio[2] dado que en el digesto su aplicación aparece solo en casos concretos.
La regla del venire contra factum proprium tiene en nuestra opinión múltiples manifestaciones[3], aunque se ha tradicionalmente equiparado en nuestro sistema jurídico a la doctrina de los actos propios. Esta doctrina, si bien no ha tenido un desarrollo tan amplio en Colombia como ha sucedido en otros países de Iberoamérica[4], en los últimos años se puede observar que nuestros jueces así como los tribunales de arbitramento utilizan cada vez más esta herramienta en sus decisiones, pues es indispensable que las partes de un contrato observen un comportamiento coherente en las diferentes fases del mismo ya que, en muchas ocasiones, la conducta de una persona puede determinar la de otra a través de sus actos.
Consideramos que el uso de los actos propios se presenta como una herramienta importante en la interpretación de los contratos, teniendo en cuenta que entendemos como interpretación, la operación que busca el significado jurídicamente relevante del acuerdo contractual[5]. En este sentido, la constatación de la voluntad traducida en el acuerdo, y no la voluntad de cada contratante, es lo que hace que la interpretación sea objetiva y refleje la expresión socialmente relevante del acuerdo de las partes. Como lo explica BETTI, el cometido de la interpretación es el de reconstruir el significado que debe atribuirse a la declaración o conducta manifestada, según las concepciones dominantes de la conciencia social, del lenguaje común, de la práctica de la vida, los usos, etc.[6]

miércoles, 15 de marzo de 2017

DAÑOS EN EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO DE ARGENTINA

En la República Argentina se ha sancionado un Nuevo Código Civil y Comercial Unificado que reemplazara al Códigos Civil, que rige desde el año 1869, y al Código de Comercio, que rige desde el año 1862. En este Nuevo Código Civil y Comercial Unificado varían tanto las reglas de la responsabilidad civil como las normas de las relaciones de Familia, entre ellas, se suprime el divorcio causado y la fidelidad deja de ser un deber jurídico para transformarse en un mero deber moral. Ante este nuevo contexto argentino, el propósito de nuestro trabajo es determinar si se aplican las normas de la responsabilidad civil a las relaciones familiares en general y especialmente a las derivadas del incumplimiento de los nuevos deberes matrimoniales.
I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
El objeto del presente trabajo consiste en determinar si se aplican las normas de la responsabilidad civil a las relaciones familiares en general y especialmente a las derivadas del incumplimiento de los deberes matrimoniales.
Las profundas modificaciones producidas en el ámbito del Derecho de Familia por el Código Civil y Comercial llevan a dudar sobre qué doctrina y jurisprudencia construida durante la vigencia del Código Civil son aplicables en el nuevo sistema jurídico familiar. Entre las dudas que se presentan al jurista está la de saber si las reglas de la reparación de los daños injustamente producidos en el seno de la familia se solucionan con las normas de la responsabilidad civil del derecho privado o si por el contrario las reglas del derecho de familia son autosuficientes para reparar los perjuicios causados en el ámbito familiar.
Sabido es que tras más de 25 años desde que se dictara el primer fallo que hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios en materia de derecho de familia, producido por la falta de reconocimiento de un hijo, la jurisprudencia ha aceptado la responsabilidad por daños ocasionadas en el ámbito familiar por sus propios integrantes en todos los ámbitos; sobre todo en el divorcio, la falta de reconocimiento de hijos, la violencia doméstica y el impedimento de contacto con los hijos menores por parte del progenitor que tiene la custodia; mientras que la doctrina ha elaborado los requisitos que hacen procedentes las reparaciones por daños producidos en el seno de la familia por sus propios integrantes[1].
La cuestión radica en determinar si esos antecedentes son válidos en la actualidad o si por el contrario tenemos que afirmar que en la familia no se aplica el sistema de la responsabilidad civil sino las respuestas del derecho de familia, y en consecuencia que se puede dañar sin reparar, o se puede lastimar faltando a los deberes morales impuestos por el matrimonio sin que sea necesario indemnizar a quien ha sufrido el daño causado con dolo o culpa, en aras de privilegiar la libertad personal sobre la responsabilidad por daños señalando simplemente que son deberes morales[2].

martes, 7 de marzo de 2017

REFLEXIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD A LOS TREINTA AÑOS DE VIGENCIA DEL CÓDIGO CIVIL

Dentro de nuestro Código Civil, existe un corto Libro en el que se tratan dos instituciones fundamentales para el Derecho: La prescripción y la caducidad. De ellas mucho se ha escrito y discutido, desde su naturaleza jurídica hasta
la forma en que están redactadas normativamente, ya que su alcance va más allá del Código Civil.
En el presente artículo, la autora presenta algunas reflexiones críticas sobre temas puntuales tanto de la prescripción como de la caducidad, buscando esclarecer la aplicación y entendimiento de ambas instituciones. 
I. LA “AUTÓNOMA” COLOCACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1984
La prescripción y la caducidad son figuras jurídicas fascinantes. Y lo son sustancialmente porque están sumergidas en un mar de incertidumbres. No por nada se ha dicho respecto de la prescripción –pero ello vale también para la caducidad– que “[p]arece casi una ironía del destino el hecho de que un instituto destinado, según la opinión dominante, a garantizar la certeza del derecho sea él mismo fuente de profundas incertidumbres: Cada aspecto significativo suyo –inherente tanto a la naturaleza, a su estructura como a su función– es controvertido, desde la calificación hasta el fundamento, desde el objeto hasta el contenido, desde los efectos hasta la operatividad de los mismos”[1].
Buena muestra de las incertidumbres en las que están sumergidos nuestros institutos está en nuestro Código Civil: No sabiéndose dónde colocarlos, se le dedicó un  pequeño– libro autónomo, el Libro VIII, superando, de esta manera y al estilo de Alejandro Magno, el nudo gordiano de su ubicación sistemática en la –en su momento– nueva codificación civil[2].
Ahora bien, lo primero que emerge de la regulación del Libro VIII del Código Civil es que tanto la prescripción como la caducidad están concebidas como fenómenos extintivos: La primera de “la acción, pero no del derecho mismo” –artículo 1989–[3]; mientras que la segunda del “derecho y la acción correspondiente” –artículo 2003. Efecto extintivo en ambos casos, pues. Un efecto que parecería provocado por la “inacción” de quien debió “actuar” en un determinado tiempo y que, sin embargo, no lo hizo.

lunes, 6 de marzo de 2017

LA EXTENSIÓN DE LA HIPOTECA

La extensión de la hipoteca está regulada por los artículos 1101 y 1107 del Código Civil (C.C.). El ar­tículo 1101 se refiere a la extensión en cuanto al bien y el artículo 1107 a la extensión en cuanto al crédito.
Extensión de la hipoteca en cuanto al bien
De acuerdo con el artículo 1101 del C.C.,"la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios, y al importe de las indemnizaciones de los seguros y de la ex­propiación, salvo pacto distinto".
En otras legislaciones, la cobertura de la hipoteca es más amplia. El artículo 3110 del C.C. argentino, por ejemplo, señala que "la hipoteca de un inmue­ble se extiende a todos los accesorios, mientras es­tén unidos al principal; a todas las mejoras sobre- vinientes al inmueble, sean mejoras naturales, ac­cidentales o artificiales, aunque sean el hecho de un tercero; a las construcciones hechas sobre un terre­no vacío; a las ventajas que resulten de la extinción de las cargas o servidumbres que debía el inmue­ble; a los alquileres o rentas debidas por los arren­datarios; y al importe de la indemnización conce­dida o debida por los aseguradores del inmueble. Pero las adquisiciones hechas por el propietario de inmuebles contiguos para reunirlos al inmueble hi­potecado, no están sujetas a la hipoteca".
En la líneas siguientes nos referiremos al Códi­go Civil Peruano y luego analizaremos los supues­tos de extensión no regulados por el Código Peruano.
1. Las partes integrantes
Las partes integrantes son bienes que se han integrado de tal forma a otro bien, que su separa­ción ocasionaría la destrucción, deterioro o altera­ción del bien principal, del bien integrado, o de los
dos bienes. La importancia de las partes integran­tes radica en que siguen la condición jurídica del bien al que se integran. Así, serán inmuebles, si lo es el bien principal.
La hipoteca se extiende a las partes integrantes del bien hipotecado. Si lo que se hipoteca es una casa, por ejemplo, la garantía se extiende a todos los bienes con los que fue construida: arena, cemen­to, ladrillos, piedras, etc. Lo anterior se justifica por­que las partes integrantes forman parte del bien al cual se integraron. Son parte del bien hipotecado.